Por Carlos Condori Castillo, antropólogo y periodista ayacuchano
Tradicionalmente, hemos creído —como lo escuchamos de nuestros padres y abuelos— que junio es el mes más frío del año. El inicio del invierno y la lejanía del sol hacían evidente esta percepción. Desde el mundo andino, se recurría entonces al dios Sol para evitar que perdiera su fuerza. Así, especialmente en la festividad de San Juan, se encendían fuegos, quemando desde rastrojos hasta prendas inservibles.
Con el tiempo, y ante la creciente conciencia ambiental, esta práctica ha ido desapareciendo. Ya no se trata solo de “ayudar al sol” a resistir, sino de proteger la naturaleza. Aun así, el acto de quemar también simbolizaba renovación: fortalecerse para el nuevo ciclo agrícola que venía con las siembras.
Hoy, sin embargo, muchos coinciden en que el frío no solo se ha intensificado, sino que también ha cambiado de calendario. Ya no es junio el mes más riguroso, sino julio. Las temperaturas en zonas altoandinas llegan a cero o incluso menos grados, provocando múltiples afectaciones, sobre todo entre niños y adultos mayores: gripes, infecciones respiratorias y neumonía.
Comparado con otras regiones del mundo, donde el termómetro puede bajar a -10 o -20 grados, nuestro invierno parece menor. Pero en esos países, las condiciones de vida y los recursos para afrontar el clima son mucho más favorables, y los índices de mortalidad son bajos. Aquí, en cambio, el frío golpea más fuerte a los más vulnerables, como si se tratara de ciudadanos de tercera, cuarta o quinta categoría.
En regiones como Ayacucho, las poblaciones de las zonas altoandinas —dedicadas a la crianza de camélidos y con acceso limitado a servicios— son las más golpeadas. En el mejor de los casos, reciben frazadas o abrigos de emergencia, dirigidos principalmente a niños y adultos mayores. Son respuestas parciales, temporales, ejecutadas por INDECI, el SINADECI o los gobiernos regionales. Pero en muchos distritos y provincias, las municipalidades no responden con la urgencia ni la planificación necesarias.
El sistema carece de operatividad real, y el resultado es el mismo cada año: frío, enfermedad y sufrimiento.
Las políticas más estructurales, como viviendas térmicas o acceso a calefacción, suenan lejanas, casi utópicas. Pero no deberían serlo. Las municipalidades, que mejor conocen los territorios vulnerables, deben ser las primeras en activar estas necesidades ante instancias superiores. Eso implica gestión, iniciativa y decisión política. Lamentablemente, muchas veces se opta por esperar la “buena voluntad de los de arriba”, que solo llega cuando los intereses lo exigen.
Frente a estas adversidades climáticas, urge una atención estratégica, articulada y sostenible, que deje de lado la improvisación y coloque a las personas más vulnerables en el centro de la acción pública.