Asháninkas y matsiguengas de Ayacucho, comunidades olvidadas
Por Kenny Herbert Chuchón Tapahuasco, promotor del Centro Loyola-Ayacucho.
La región de Ayacucho alberga a siete comunidades nativas Anato, Sankimintiari, Acompikapashiari, Camavenia, Mancuriari y Puchitaquiguiato; que poseen una riqueza cultural y un vínculo profundo con la naturaleza. Los pueblos Asháninka y Matsiguenga, quienes habitan el margen izquierdo del río Apurímac de esta región, enfrentan retos que ponen en peligro su modo de vida y la conservación de sus territorios. Aunque su relación con la tierra y el medio ambiente ha sido un pilar de su identidad durante generaciones, hoy se ven amenazados por actividades externas como el narcotráfico, la tala ilegal y el extractivismo. En medio de esta situación, los esfuerzos de organizaciones como el Centro Loyola han sido valiosos, pero limitados, y la continuidad de esta labor depende, en última instancia, de un compromiso sostenido del Estado.
El territorio para las comunidades originarias
Para las comunidades Asháninka y Matsiguenga, el territorio es mucho más que un recurso económico. Desde su cosmovisión, la tierra constituye la base de su identidad, espiritualidad y bienestar. Sus bosques, ríos y montañas son considerados seres vivos que protegen y alimentan no solo el cuerpo, sino también el espíritu de quienes habitan en ellos. Esta visión holística de la naturaleza implica que cualquier daño a su entorno es también un daño a la comunidad. Los ancestros son grabados en cada árbol y cada corriente de agua, y su protección se convierte en una responsabilidad colectiva. Para ellos, la defensa de sus territorios no es solo una lucha por el acceso a recursos naturales, sino una forma de proteger su herencia, su historia y su relación con el cosmos.
En esta cosmovisión, los Asháninka y Matsiguenga desarrollan rituales y prácticas cotidianas que reafirman su conexión con la tierra. La agricultura y la caza, por ejemplo, se llevan a cabo con respeto a los ritmos naturales y con un enfoque de conservación. Las prácticas de recolección y cultivo siguen normas tradicionales que evitan el agotamiento del suelo, permitiendo que la naturaleza se regenere de manera constante. Este equilibrio se ha mantenido durante generaciones, pero actualmente enfrenta serias amenazas que están erosionando no solo el entorno físico, sino también las estructuras sociales y culturales de estas comunidades.
Amenazas al territorio de las comunidades
La Amazonía peruana, y en particular las zonas de Ayacucho donde habitan estas comunidades, está siendo asediada por múltiples problemas derivados de actividades ilícitas y del desarrollo de proyectos extractivos. El narcotráfico se ha asentado en varias áreas de la región, aprovechando la falta de presencia estatal y el difícil acceso a las zonas amazónicas. Este problema no solo genera violencia y pone en riesgo la vida de los habitantes, sino que también destruye los ecosistemas, ya que los cultivos ilegales y los químicos usados contaminan el suelo y los ríos.
Además del narcotráfico, el extractivismo y la deforestación son otros grandes desafíos que amenazan la biodiversidad y el modo de vida de las comunidades. Empresas madereras ilegales y otras actividades de explotación destruyen grandes extensiones de bosque, eliminando tanto los recursos naturales esenciales para la subsistencia de las comunidades como la fauna que forma parte de su entorno y cultura. La invasión de colonos y empresarios foráneos introduce prácticas agrícolas intensivas que degradan los suelos y desequilibran el ecosistema, afectando la base misma de la economía y cultura locales.
En este contexto, las comunidades asháninkas y matsiguengas también enfrentan una situación de vulnerabilidad en cuanto a sus derechos. La titulación de tierras y la protección legal de sus territorios siguen siendo temas pendientes, lo que deja sus tierras expuestas a invasiones y apropiaciones ilegales. Sin el reconocimiento y la protección formal de sus territorios, estas comunidades no solo pierden el control sobre sus recursos, sino que también pierden su autonomía para gestionar el uso y la conservación de su entorno.
Comunidades que se visibilizan
Se sabía de la existencia de estas comunidades, pero en referencias muy lejanas, que el propio Ministerio de Cultura, los tiene registrados en un número de 10, que no considera, una de las comunidades del distrito de Llochegua y, agrega otros, tres que no existen como tales. Probablemente el registro, como en muchos casos, se hayan levantado sobre la base de información de terceros.
Fue, hasta que con la visita del Papa Francisco el Perú, se puso en agenda el tema de las comunidades nativas, primero las del VRAE y luego las de Ayacucho. Para sorpresa, el número de comunidades en Ayacucho era de siete, teniendo comunidades ashaninkas y matsiguengas, estos últimos inclusive con segunda lengua, el quechua.
El Centro Loyola, había tomado la iniciativa y con el concurso de las municipalidades provinciales, distritales y representantes de sectores como salud, educación, agricultura, se recorría todas las comunidades estableciendo contactos que en adelante serían permanentes y sostenibles.
El asunto, llegó a más, cuando las comunidades, constituyeron una Organización de Comunidades Ashaninkas y Mashinguegas de Ayacucho, buscando una representación y estableciendo, relación con las instituciones de Estado, para la implementación de políticas que están diseñadas, pero, en muchos casos, ignoradas y sin mayor implementación.
La presencia importante del Centro Loyola
Ante esta difícil realidad, la iniciativa del Centro Loyola Ayacucho ha sido un respaldo importante para las comunidades en su lucha por defender sus derechos territoriales y culturales. Durante tres años, el Centro ha trabajado junto a líderes comunitarios, brindándoles herramientas y conocimientos para enfrentar las amenazas externas de manera más organizada. Las capacitaciones se han enfocado en procesos de titulación, fortalecimiento organizativo y la promoción de los derechos humanos, permitiendo que las comunidades refuercen sus capacidades para defender sus territorios.
La labor del Centro Loyola ha incluido, además, la creación de espacios de diálogo y formación que han permitido que las comunidades reflexionen sobre su identidad y se empoderen para enfrentarse a los desafíos actuales. En estos encuentros, los líderes de las comunidades comparten experiencias y se capacitan en temas como liderazgo y derecho al territorio, lo cual resulta crucial para que puedan ejercer un control efectivo sobre sus tierras y recursos.
A pesar de los logros alcanzados, esta intervención es temporal y limitada. El Centro Loyola, como institución de apoyo, no tiene la capacidad ni la misión de asumir el rol que le corresponde al Estado. La continuidad de este tipo de iniciativas, así como la sostenibilidad de los esfuerzos por proteger el territorio y los derechos de las comunidades, dependen en última instancia de un compromiso gubernamental sostenido. Las instituciones del Estado deben garantizar la seguridad de los territorios y apoyar a estas comunidades en su esfuerzo por preservar sus culturas y modos de vida.
La necesidad de una educación, salud y justicia con enfoque intercultural
Para responder a la realidad de las comunidades asháninka y matsiguenga, es necesario que el Estado asuma un rol activo y comprometido, implementando políticas que aborden no solo las necesidades de titulación y defensa territorial, sino también otros aspectos esenciales para su bienestar. La educación, por ejemplo, debe adaptarse a la cultura y los idiomas de las comunidades nativas, garantizando que los niños y jóvenes puedan recibir formación en su lengua materna y que se respete su cosmovisión. La implementación de un sistema educativo intercultural, que valore tanto los conocimientos tradicionales como los conocimientos modernos, es fundamental para el desarrollo de estas comunidades.
De igual manera, el acceso a servicios de salud que respeten las prácticas y creencias de las comunidades es una prioridad. Los sistemas de salud deben ser sensibles a las necesidades culturales, considerando el uso de plantas medicinales y los rituales de sanación propios de su cultura. Los pueblos asháninka y matsiguenga han desarrollado un vasto conocimiento sobre medicina natural y, al combinar este conocimiento con el sistema de salud estatal, se puede crear un enfoque intercultural que contribuya a un bienestar integral.
Finalmente, es crucial que el sistema de justicia reconozca y respete las normas y costumbres locales en la resolución de conflictos y la administración de justicia. Los sistemas legales indígenas han demostrado ser efectivos para mantener la paz y la armonía en sus comunidades, y es importante que el Estado valore y respalde estos métodos. Un enfoque de justicia intercultural permite no solo proteger los derechos de estas comunidades, sino también fortalecer su autonomía y asegurar que sus normas y valores sean respetados.
Políticas de Inclusión para estas comunidades.
Si bien el Centro Loyola ha contribuido significativamente a fortalecer las capacidades de estas comunidades, la continuidad de esta labor requiere un compromiso sostenido por parte del Estado, Ministerio de Cultura, Gobierno Regional de Ayacucho y gobiernos locales y, otros actores. El Gobierno Regional de Ayacucho, por ejemplo, tiene en carpeta una ordenanza regional, que espera su publicación.
La protección de los derechos colectivos y la preservación de sus modos de vida deben ser una prioridad de Estado, no solo como un acto de justicia social, sino también como una estrategia fundamental para la conservación de la Amazonía y la biodiversidad que alberga.
Los pueblos asháninka y matsiguenga son verdaderos guardianes de la selva y la biodiversidad, y su forma de vida ofrece un ejemplo de sostenibilidad en un mundo cada vez más afectado por la crisis ambiental. Su lucha por el territorio y por un modelo de desarrollo que respeta sus valores y su relación con la naturaleza es una causa que merece el respaldo de toda la sociedad y, en especial, del Estado peruano.
