EL BICENTENARIO DESDE AYACUCHO
Entrevista a Jaime Urrutia, Maestro en Historia por la Universidad de Paris. Licenciado en Historia por la UNSCH. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSCH, y de la Escuela de Antropología de la UNMSM. Es autor de varios libros y decenas de artículos académicos.
A un aniversario más del triunfo en la pampa de Ayacucho, que significó el final definitivo del coloniaje en el Perú, devenido desde entonces en una república cabal. Aunque lo que surgió fue un Estado que nunca pudo convertirse en nación pues la fragmentación social y cultural, y sobre todo la herencia colonial, impidieron el desarrollo de un país donde la ciudadanía era en teoría asignada a todos sus habitantes por igual, requisito fundamental para compartir la idea de pertenecer a una misma nación.
Pero la celebración justificada del bicentenario nos encuentra en una etapa oscura, en la cual el autoritarismo se ha entronizado en el Congreso nacional, convertido incluso en agencia de viajes de la presidenta de la república. Esta etapa oscura está signada por la arbitrariedad legal, la corrupción generalizada, la carencia de proyecto nacional, la imposición de ideas conservadoras que desmantelan avances conseguidos en década anteriores. El desprestigio del actual régimen se evidencia en las encuestas nacionales, según las cuales el Congreso y la presidenta reciben el mayor rechazo de los encuestados en todo el país. Lo que se suponía era un mandato transitorio en pos de nuevas elecciones se ha convertido en un gobierno que se aferra al poder hasta el final del periodo asignado al defenestrado presidente Castillo.
Pero el afán de disponer de poder incluye 32 utilizar medios de represión brutales contra las expresiones de descontento. Las muertes se acumularon en los primeros meses del actual gobierno. En nuestro Ayacucho, 10 jóvenes fueron asesinados con balas de soldados desplazados por órdenes superiores a reprimir el descontento de la población. En estos días recordaremos estas víctimas al cumplirse un año de la masacre el 15 de diciembre, que tuvo como secuela la acostumbrada impunidad de los responsables del uso desproporcionado de la respuesta oficial a las protestas ha sido criticada, pues las 10 muertes fueron resultado de balas dirigidas a la cabeza y el torso.
Si quienes cayeron en la pampa de Ayacucho hace dos siglos perdieron la vida por luchar contra el colonialismo, los muertos de 2022 en Huamanga lo hicieron por desear una patria más justa, con ciudadanía plena para todos. El régimen actual queda retratado en las palabras del ministro de RREE de nuestro país, que ha declarado que las víctimas de estos enfrentamientos son en realidad los culpables de los hechos, como si ellos mismos provocaron su propia muerte. Incluso, este nefasto funcionario ha afirmado que la Corte Interamericana de DDHH ha sido tendenciosa en su informe sobre las matanzas. Este ministro de Relaciones Exteriores es un portavoz notorio de las intenciones del gobierno, que cuestiona el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
“Esta etapa oscura está signada por la arbitrariedad legal, la corrupción generalizada, la carencia de proyecto nacional, la imposición de ideas conservadoras que desmantelan avances conseguidos en década anteriores.”
El uso desmedido de la fuerza contra manifestantes ha generado un sentimiento de inseguridad y miedo, que obviamente limita las protestas pues está en riesgo la vida misma de quienes decidan manifestarse y movilizarse. Más de 60 muertos en diferentes regiones carga la alforja de vergüenza del actual gobierno.
Este momento oscuro de nuestra historia incluye también el embate de los congresistas contra las instituciones vinculadas al registro electoral y al órgano de control de la actuación judicial. Está clara la intención de copar instituciones claves para el funcionamiento democrático como el JNE, la ONP, la JNJ, nombrando responsables de ellas personas afines a sus intereses.
“Si quienes cayeron en la pampa de Ayacucho hace dos siglos perdieron la vida por luchar contra el colonialismo, los muertos de 2022 en Huamanga lo hicieron por desear una patria más justa, con ciudadanía plena para todos”.
Pero si queremos ir más allá de esta coyuntura oscura, debemos reconocer la existencia de raíces profundas que explican el actual abuso autoritario congresal.
Queremos para ello resaltar, al pensar en el bicentenario, que la patria naciente se inauguró cargando una herencia colonial que condicionó el surgimiento de la ideología del mestizaje derivada de ella.
Julio Cotler lo señaló con claridad: “La corrupción está extendida en el Perú, debido al legado colonial; el racismo es un lastre en nuestras tierras desde la llegada de los españoles; las fuerzas productivas y el capitalismo no pueden desarrollarse por la mentalidad corporativista, rentista, señorial y mercantilista virreinal de las élites económicas locales; no es posible el desarrollo de una nación peruana dirigida por una clase que se haga hegemónica debido al lastre virreinal; entre otros.”
“A 200 años de creación de la república peruana la realidad nos muestra un panorama social, político y económico que arrincona nuestras esperanzas de superación de aquella herencia colonial que ha direccionado nuestra vida republicana”
Para disimular estas limitaciones se generó, desde el surgimiento del estado peruano, una ideología del mestizaje, que ha sostenido que todos somos mestizos por igual, pues “el que no tiene de inga tiene de mandinga”. Esta falacia ha servido para explicar una identidad nacional sin reconocer las diferencias sociales y culturales de nuestro país, afirmando la existencia de una hipotética igualdad, eliminando en el imaginario nacional las diferencias sociales y culturales. Aclaremos que la definición moderna de mestizo no es racial biológica, sino socio-cultural, puesto que la ideología del mestizaje apuntala un proceso de homogenización racial-cultural, que excluye a indígenas y afrodescendientes. Recordemos que la ideología del mestizaje cimentó los nacionalismos y las propuestas de modernización en varios países latinoamericanos.
Veamos ahora en datos concretos la realidad de nuestra región al momento de celebrar el bicentenario en medio de este contexto difícil. Lo primero que debemos recordar es que 1980 es el año de quiebre en nuestra historia regional, y que en nuestro balance de la violencia desatada se registran cerca de 300 comunidades campesinas destruidas o abandonadas en el departamento de Ayacucho durante esa década. Asimismo, desde 1980 la emigración forzada generó el crecimiento demográfico de las ciudades de Ayacucho y Huanta, como veremos luego.
El departamento de Ayacucho es un espacio desarticulado, pues existen, en la práctica, dos regiones si consideramos las redes económicas y viales como definitorias de lo que se considera una región. En efecto, las provincias del sur, sobre todo Lucanas y Parinacochas, mantienen una dinámica y articulación diferente por su vinculación vial con las provincias costeras colindantes, mientras que las provincias norteñas tienen dinámicas y articulaciones diferentes. No quisiera enredar mi explicación con datos cuantitativos, pero algunos de ellos son necesarios. Así, al comparar los censos nacionales de 2007 y 2017, se observa que el mayor incremento de la población urbana se presenta tanto en la provincia de Huamanga, que, de 153, 359 en el 2007 pasó a 220,954 en 2017, mientras que Huanta, creció de 37,852 personas en el 2007 a 44,773 en el 2017.
En el área rural, todas las provincias presentaron disminución de su población; la Mar y Lucanas presentaron la mayor disminución, al pasar de 50,722 en el 2007 a 36,469 en el 2017 y de 43,266 en el 2007 a 31,524 en el 2017, respectivamente.
La provincia de Huamanga reúne el 45,8% de la población del departamento, mientras que la de Huanta, alberga el 14,5%. Es decir, más de la mitad de la población departamental se concentra en estas dos ciudades, mientras que el espacio rural se va despoblando lentamente. El reto futuro está en generar, en las principales ciudades –Huanta y Huamanga- actividades o empresas vinculadas con los productores rurales.
Es igualmente importante reconocer las características culturales del departamento. Respondiendo a la pregunta sobre auto identidad, aplicada por primera vez en el censo de 2017, sobre 479,120 habitantes censados en el departamento de Ayacucho, 389,029 se autodefinieron como Quechuas. Pero si bien el 63 % de la población censada en todo el departamento, en 2017, declaró como lengua materna el quechua, en la ciudad de Ayacucho las cifras son diferentes: en los cinco distritos de la capital, los que declaran al quechua como lengua principal representan solo entre el 43 % y el 52 %, y la mayoría de ellos son bilingües quechua-castellano. Esta realidad se explica porque los migrantes en la ciudad buscan que sus hijos se castellanicen al considerar que es un avance del reconocimiento de ciudadanía de parte de los demás. En otras palabras, para lograr ser parte de la sociedad peruana es necesario que renieguen de su idioma materno. En consecuencia, el retroceso del quechua es mayor entre los menores de 25 años. Cualquier propuesta futura en nuestra región debe tener en cuenta el fortalecimiento del quechua, que es a la vez el fortalecimiento del bilingüismo.
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