¿A DÓNDE VAMOS?: coyuntura nacional en perspectiva electoral

Si las fuerzas políticas que hoy dominan los poderes del Estado siguen concertando y remando en favor de sus intereses, y si la primera mandataria cumple su palabra, el 12 de abril del 2026 se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias. Unas elecciones que anticipan una cartilla con más de cuarenta candidatos solo para las presidenciales

Sin embargo, los cambios a las normas electorales promovidas desde el Congreso, la elección de representantes de los órganos electorales y de otras instituciones “independientes”, como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, etc., apuntan a que existe un propósito: garantizar la continuidad del status quo político y del poder. No en vano hemos presenciado el veto a un conjunto de posibles candidatos (varios de ellos con probabilidades de pasar a una segunda vuelta) inhabilitándolos -sin mayor argumento- el ejercicio de la función pública y de representatividad.

Por otro lado, el descontento ciudadano empieza a manifestarse en diversos espacios y sectores socioeconómicos y territoriales. La desatención a la seguridad ciudadana ha revelado que el rechazo en las encuestas se ha trasladado a las calles, siendo uno de los hitos la del 21 de marzo: una protesta que consiguió la censura del cuestionado ministro del Interior, Juan José Santibáñez, protesta que incluyó la demanda de los sectores privilegiados (los de arriba) y los sectores populares (los de abajo). Ese descontento también se ha desplazado territorialmente. El sur, herido por las muertes de sus familiares en las protestas de fines de 2022, ha dejado en claro su descontento por la actual gestión; mientras el que “sólido norte”, de corte más empresarial, bastión del Fujimorismo y el acuñismo, empieza a cuestionar al gobierno luego del crecimiento de organizaciones criminales que tienen en vilo a comerciantes, empresarios y grupos musicales.

Así las cosas, ¿quiénes se perfilan entre los “elegibles” para las siguientes elecciones nacionales? Si bien la respuesta cae en el mundo de las probabilidades, existen escenarios en función a la transparencia o no del proceso democrático.

Keiko Fujimori es quizás la cara más visible no solo para postular, sino para hacerse de las elecciones por la razón o por la fuerza. No es gratuito ni casual el acomodo de las leyes o la elección de los representantes de las instituciones electorales; tampoco la inhabilitación de los contendores; pero no es la única beneficiaria con estas movidas. Y es que para el sector empresarial que la apoya y financia en cada campaña, empieza a cuestionar su liderazgo y capacidad de hacerse de una elección; más aún en la idea de no volver a repetir la experiencia previa en la que, en segunda vuelta, cualquier candidato será favorecido con el voto antifujimorista y antiestablishment. Es sabido que están barajando otras posibilidades a quien, en este corto tiempo, puedan construirle una imagen y un discurso concertador, sin perder el caudal de un sector sumamente conservador.

Candidatos como César Acuña y Rafael López Aliaga, representantes también de este grupo conservador, participarán de las elecciones. Sin embargo, el interés de sus candidaturas no radica necesariamente en hacerse de la presidencia, sino de influir para hacerse de más escaños en el Parlamento y someter o aliarse con el ejecutivo a través de los votos.

Por otro lado, en esta disputa de extremos (izquierdas y derechas), la salida probable era buscar un candidato de consenso, de centro, que promueva un conjunto de reformas que permitan enfrentar con firmeza (pero dentro del marco legal y de derechos) a los principales problemas del país como son la seguridad ciudadana, la corrupción y la economía; tres factores que, como detalla la última encuesta del IEP (marzo 2025), son problemas asociados que tienen como telón de fondo el mal desempeño del gobierno y la clase política.

Este escenario es quizás de los menos probables dado que; desde los extremos se encargaron de vetarlos, acusándolos sin fundamento de “una mafia caviar que vive del Estado” y creando leyes e inhabilitaciones para asegurar su exclusión en los próximos comicios electorales. Así, todo el fujimorismo parlamentario, junto a Avanza País, Honor de Democracia y otras bancadas, han repetido sin cesar que el problema de este país es la “mafia caviar” que, en el imaginario político, está hacia la izquierda; del otro extremo, Perú Libre también acusa a los políticos que le son incómodos de caviares; de hecho, Vladimir Cerrón sugiere que se trata de “una falsa oposición creada por el propio capitalismo y direccionada por la potencia del norte” (21 febrero 2025). Con este juego en pared, el centro, por el momento, está descabezado.

La elección de Pedro Castillo en el 2021 representó una victoria para la denominada “izquierda peruana”, pero también su derrotero. Así, la denominada izquierda tiene dos frentes de cara a las elecciones. A la interna, el desgaste y las acusaciones permanentes ha atomizado a los políticos (y los votos). Verónica Mendoza, Vladimir Cerrón, Antauro Humala, entre otros, no pueden verse y tratan de despercudirse mutuamente. En el frente externo, la imagen colectiva de la fugaz y desastrosa gestión de Pedro Castillo es que la izquierda no está preparada para gobernar; no tiene cuadros para la gestión pública.

Lo único que existe con constancia en este momento es que el elector repita la fórmula del “resentimiento justiciero”; un escenario en el que cualquier candidato será mejor con tal de desestabilizar el establishment, de hacer frente al poder político y económico, sin importar si para ello deben arrastrar a todo un país. Este resentimiento no es gratuito; venimos de un conjunto de acciones que tiene como ingredientes la muerte de decenas de víctimas al inicio de esta gestión, el imaginario de que “le han quitado a su presidente”, la precariedad de esta gestión, el modus operandi de los parlamentarios y la crisis social que el país atraviesa. Y es ahí donde cobrarán visibilidad aquellos populistas que lleguen con ideas trasnochadas, que propongan que la solución está en patear el tablero de la democracia, salirse de los acuerdos internacionales, culpar a los otros; es ahí donde las ideas como las de López Aliaga o Antauro Humala resuenan bien en los tímpanos del voto popular, pero que, a la hora de sacar cuentas, no tienen mayor viabilidad o terminan por precarizar más el escenario que ya vivimos.

A fi n de cuentas, en este mundo de las probabilidades, dependerá de quién salga electo para saber si el descontento político o el ciudadano terminan por vacar al nuevo presidente. Si el descontento es político todo, será un arreglo de prebendas al margen del interés ciudadano, como en esta gestión donde “A la tía, Fuerza Popular le ha pedido cuatro ministerios y a [César] Acuña dos. Si la tía no les atraca, mañana la vacan”.