COMITÉS DE AUTODEFENSA EN GUARDIA

Por Carlos Condori, antropólogo y periodista ayacuchano.

Los Comités de Autodefensa del VRAE se han puesto de pie en una movilización masiva en el distrito de Kimbiri, demandando reconocimiento, considerando que un fallo del tribunal constitucional los dejaría prácticamente al margen de la ley. Es cierto que , si uno se apega a la norma y el fundamento del Estado como tal, es inconcebible en una sociedad organizada en democracia que la población civil empuñe las armas y asuma su propia defensa.

Esto ha llevado a una indefinición en su normativa legal; fue recién durante el gobierno de Fujimori, en 1992, que los reconocen por decreto ley e inclusive ordenan reparaciones, pero solo desde la vigencia de la norma hacia adelante, y no desde la mayor participación de esta población en los años 80, que tuvo cientos de bajas en acciones directas con armas, ya sea sola o en apoyo a las fuerzas del orden contra el terrorismo senderista . Su ingreso a la escena fue la mayor derrota del violentismo, que llegó a calificar como «mesnadas» y «yana unas», tratando de descalificarlos, cuando en realidad fue su mayor sombra y un factor fundamental en su expulsión de la sierra andina.

Recién con el transcurso de los años se ha reconocido y se sabe del papel fundamental de los comités de defensa en la pacificación del país y en la derrota ideológica y política del terrorismo senderista, que terminaba rendido en su mensaje. Su «revolución» ya no podía tener con la causa de los más pobres y vulnerables, quechua hablantes andinos.

Las reparaciones, incluso para aquellos sacrificados, luego de los años 90, fueron muy limitadas. El Estado nunca los reconoció como tales, y las propias fuerzas armadas no los tomaron en cuenta en su conducción real. Se les requisaron sus armas, muchas de ellas, inclusive, adquiridas por ellos mismos para la defensa y un enfrentamiento de igual a igual con el senderismo. Menos aún se les equipó y se les brindó una firme conducción.

Concluida la acción directa contra el terrorismo, no acabaron como organizaciones paramilitares, que era lo que mayor recelo generaba, sino que se pusieron, solo ellos, sin el apoyo de las fuerzas armadas, al servicio de la comunidad, los centros poblados y las propias municipalidades, para imponer orden e inclusive sancionar situaciones de violencia, desde las públicas hasta las domésticas. Impusieron autoridad en las carreteras para acabar con los asaltos, solo con el apoyo de los ciudadanos y los transportistas.

Su accionar resulta vital ante la ausencia de la policía nacional, en festividades, campeonatos deportivos o en toda acción que requiera de «fuerza disuasiva» al servicio de la comunidad. Esta situación ha llevado a la propuesta de ser constituidos como POLICÍA RURAL; se avanzó un tanto, pero ahí quedó.

Y ahora, en una situación prácticamente difícil en seguridad para el país, se trata de prescindir de una experiencia valiosa de la ciudadanía organizada, que, en lugar de buscar canales, formas y mecanismos legales y constitucionales, que permitan ser asimilados a una experiencia institucionalizada de estado, simplemente están a punto de ser puestos al margen de la ley.

La realidad de la seguridad en el país y, sobre todo en zonas rurales, es extremadamente vulnerable, con una policía que inclusive ha perdido mucha confianza y reputación, y que requiere no desperdiciar a hombres, experiencia y sabiduría en el combate primero al terror y luego a la delincuencia. Merecen, por el contrario, articularse bien con el ejército o la policía. Significa también un aprendizaje de participación ciudadana que debe ser trasladado a las zonas urbano-marginales, en un esfuerzo por repensar las juntas vecinales. El tema no es fácil ni sencillo, pero se trata de ver la realidad y conocer la fuerza real de estas formas de organización que surgieron precisamente para combatir la violencia. Ignorarlos, simplemente, será difícil.