LOS DERECHOS HUMANOS EN CUESTIÓN

La nueva ley aprobada en el Congreso, respecto a los organismos no gubernamentales (ONGs), otorga competencias a la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para sancionar casos en los que el destino de fondos de estas entidades esté relacionado con quejas o demandas sobre el accionar del Estado, teniendo en los derechos humanos su principal objetivo.

En otras palabras, las ONGs pueden desarrollar proyectos o iniciativas que que tenga que ver con el propósito de constitución, pero estos no pueden ser aquellos que pongan en cuestión el actuar del Estado, por ejemplo, en la vulneración de los derechos humanos, ya sea en la jurisdicción nacional o internacional.

¿Qué razón explica esta situación? Para sus impulsores, las ONGs se han convertido en entidades que, con recursos de cooperación internacional, sostienen demandas jurisdiccionales contra el Estado, beneficiando a delincuentes y terroristas que logran, incluso, reparaciones económicas que el Estado peruano debe pagar con recursos que pertenecen a todos los peruanos. Y lo que es aún más grave, estas ONGs cuentan con entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde jueces proclives admiten demandas y facilitan sanciones.

Lo cierto es que, en las sociedades que se afianzan en la democracia, como es el caso peruano, nadie puede ser invulnerable si comete delitos o atropellos, sean personas naturales, jurídicas o el mismo Estado, que, en el caso de los derechos humanos, tiene una responsabilidad mayor: garantizar, como Estado, por acuerdo mundial de las naciones, el ejercicio, la protección y la promoción de los derechos humanos, que constituyen el mayor logro de la humanidad en la dignificación de las personas.

En consecuencia, ante situaciones de vulneración de los derechos, podemos ser conducidos a los tribunales para responder sobre los mismos y, eventualmente, ser sancionados si es que los jueces designados, aceptados y protegidos por el mismo Estado así lo determinan. Nadie puede ser sujeto de exclusiones, ni el propio Estado.

Y a raíz de los años de violencia en el país, se han producido cientos de violaciones de derechos humanos por entidades que representan al propio Estado, como los miembros de la policía y el ejército. Las víctimas han sido, en la gran mayoría de los casos, ciudadanos de condición humilde, campesinos quechua hablantes de lugares distantes, que no encontraron sino en las ONGs algún nivel de defensa. Esto se ha prolongado por 20, 25, 30 años y, si no fuera por la intervención, todo habría terminado y la historia sería de impunidad.

En el fondo, esa es la raíz del tema, que ha puesto a altos jefes militares a los tribunales, quienes hoy querrían que ese apoyo legal termine. Esta situación se ha vuelto a reeditar a raíz de los casos de asesinatos de 2022, así calificados por organismos internacionales, que igualmente encuentran voces solitarias solo en las ONGs, que brindan apoyo legal para que los casos reciban sanciones como debe ser, en un estado de derecho y democracia.

Por cierto, las ONGs deben ser fiscalizadas y transparentar sus recursos, porque tienen propósitos de apoyo social y deben actuar dentro de sus derechos constitucionales, velando por el cumplimiento de sus objetivos y las razones de la captación de recursos, que tienen propósitos precisos en la afirmación del estado de derecho, el ejercicio de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Razones que, por cierto, merecen todo el apoyo no solo de cooperación internacional particular, sino también de los propios organismos multilaterales que responden a los estados. No hay democracia sin derechos humanos.