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Bicentenario de la independencia sin representantes de los pueblos indígenas en el congreso peruano

Bicentenario de la independencia sin representantes de los pueblos indígenas en el congreso peruano
Por Minda Bustamante Soldevilla, abogada de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Magister en Sociología-Universidad de Chile. Diplomada en Políticas Públicas e interseccionalidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia de trabajo con relación a derechos de pueblos indígenas.

Han pasado 200 años desde que en la batalla de Ayacucho se sellara la independencia Latinoamericana, gestándose nuevas repúblicas y formas de gobiernos, 200 años han pasado y la realidad de la representación política de los pueblos originarios y las comunidades campesinas, nativas sigue siendo una deuda de nuestras repúblicas Latinoamericanas. En el caso del Perú ¿cómo vamos? ¿cómo se ha manifestado la representación política de los pueblos indígenas, originarios, comunidades campesinas y nativas en el Perú de estos últimos 30 años?

Son interrogantes que trataremos de responder en este breve artículo sobre la (sub) representación política indígena, originaria, campesina y nativa que hay en el Perú del bicentenario.

En el Perú, el derecho al voto es universal desde la entrada en vigor de la Constitución de 1979, pero la participación política y la elección de congresistas ha sido mínima en todos estos años de democracia.

Desde el año 2001 hasta la fecha se han elegido en el Perú 720 Congresistas y de este número solamente 7 se identificaron como pertenecientes a una comunidad campesina, nativa o a un pueblo originario1 y en estos dos últimos parlamentos (2020 y 2021) ninguno de los congresistas electos de auto identificó como indígena, esta situación nos muestra claramente una subrepresentación de los pueblos originarios o indígenas en el Congreso de la República del Perú.

Para las elecciones Regionales y locales, en el caso peruano existen medidas afirmativas que son las cuotas en las listas de partidos, las que no han sido eficaces, ya que tras cuatro procesos electorales (2006, 2010, 2014 y 2018) desde su creación en 2002, solo 440 de 8.796 autoridades subnacionales electas pertenecían a un pueblo originario, un promedio del 6% en todo el país. Al hacer un zoom a las listas también se ha evidenciado que más del 43% de las candidaturas étnicas, estaban en el tercio inferior de las listas y no en los primeros lugares.

En este contexto es importante destacar que, gracias a los datos obtenidos por el CENSO de 2017, y por la vigencia de la Ley Nº 27683 se han incrementado las regiones en las que hay presencia de personas que se identifican como pertenecientes a un pueblo originario, indígena, campesino o nativo lo que ha permitido que en la actualidad se apliquen cuotas indígenas en el 88% de las regiones y en el 80% de las provincias.

El Perú ha ratificado el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT en 1994 y los derechos colectivos que reconoce este tratado internacional no han sido aplicados cabalmente, en el caso de la representación política hay una brecha grande entre las formas de participación política que define el Sistema Político peruano que solo reconoce a los partidos políticos y las formas propias de elegir sus representantes que tienen los pueblos originarios del Perú.

La democracia debe ser representativa, es decir que vincule a la ciudadanía con sus representantes por medio de mecanismos validados para otorgarles poder y además tiene como fin ideal garantizar una mayor igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas, la que con el avance de los derechos y la participación va en pos de los distintos aspectos de la igualdad sustantiva.

Sobre el concepto de representación Pitkin (2014) señala diversas dimensiones de la representación, pero nos referiremos a dos, la representación descriptiva y la sustantiva.

La representación descriptiva, alude a la noción que los sistemas de representación (el Congreso Nacional, por ejemplo), debiesen reflejar o ser un espejo de la sociedad desde el punto de vista de la estructura sociodemográfica, política, económica y cultural. Se asume en esta perspectiva que las instituciones deben precisamente reflejar la diversidad social. En la medida en que estos grupos sociales se expresan en los espacios democráticos, la opinión pública se vería más identificada en las diversas dimensiones de representación de clase social, género, origen étnico, religión, edad, y posición política, entre otros. Asumimos que dicha representación descriptiva enriquecería el debate democrático y el posicionamiento de derechos y ciudadanías diferenciadas. Por lo mismo, si en esta perspectiva existe una preocupación por reflejar en el sistema político las particularidades de la sociedad, entonces resulta esperable que se propicien mecanismos para garantizar que aquello ocurra. Las medidas de acción afirmativa (cuotas especiales, asientos reservados, incentivos específicos) buscan precisamente compensar estas brechas históricas donde se ha subrepresentado a algún grupo de la sociedad.

Como hemos señalado líneas atrás, desde el inicio de este siglo solamente 7 congresistas se han identificado como pertenecientes a algún pueblo originario, la mayoría de la región andina y solamente uno de la región amazónica.

Por iniciativa de la fundación Friederich Ebert Estiftung – FES, hemos hecho un análisis de las propuestas de ley que han existido en esos 20 últimos años para garantizar un ejercicio ciudadano y político de las comunidades campesinas y nativas del Perú y hemos desarrollado talleres con miembros de los pueblos originarios andinos y amazónicos entre 2023 y 2024.

En base al análisis de los proyectos de Ley y con una mirada a los sistemas políticos latinoamericanos hemos desarrollado una propuesta que busca ser co-construida con los pueblos indígenas y comunidades campesinas del Perú para que en el mediano y largo plazo se pueda generar una propuesta propia de estos pueblos y se logre tener una voz autentica y representativa en el parlamento peruano.

La propuesta.

Nuestra propuesta ha sido construida en base a los principios de la representación descriptiva, sustantiva e intercultural. Para ello hemos analizado las experiencias comparadas de otros países de América Latina, visibilizando que solamente cuando hay un reconocimiento de la representación política propia de los pueblos indígenas sus demandas y derechos colectivos son parte del debate público, como en Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador y Panamá. También hemos analizado la importancia de la participación electoral activa por medio de candidaturas y pasiva eligiendo a sus representantes en un distrito único y nacional.

Nuestra propuesta busca poner en el debate público y legislativo la posibilidad de que las instituciones de gobierno, en este caso el Parlamento peruano, pueda tener una representación efectiva de los pueblos indígenas y comunidades campesinas por medio de escaños reservados y que estos sean electos en una circunscripción especial, en la que puedan ejercer su derecho a elegir todas las personas que quieran votar por una candidatura indígena, de acuerdo con el Censo 2017 que señala que un gran porcentaje de personas que se auto identifica como perteneciente a un pueblo indígena vive en zonas urbanas y ciudades muchas veces alejadas de sus comunidades de origen pero que no por ello pierden su relación con sus territorios y su cultura.

Proponemos que las candidaturas que se presenten para los escaños reservados tengan reconocimiento de sus comunidades, que hayan sido autoridades o que hayan ocupado algún cargo de acuerdo con sus costumbres y usos propios. Estas autoridades además deben tener la certificación de una entidad estatal que pueda reconocer la existencia de la comunidad y la validez de las actas que eligen a sus candidatos. También consideramos que la presentación de las candidaturas debe contar con paridad y alternancia como lo establece la Ley N° 31.030 y deberán contar con representantes en el Senado y la Cámara de Diputados.

Esta propuesta fue presentada en Ayacucho en julio de 2024 en un trabajo con representantes de comunidades campesinas, recogiendo sus aportes y las inquietudes de sus representantes, las que serán incluidas en un documento de trabajo que será presentado por la FES a fines de este año.

Conclusión:

Nuestra propuesta recoge los diversos planteamientos analizados por la teoría política y la realidad peruana, es por lo que se fortalece la necesidad de contar con un distrito electoral especial para pueblos indígenas, en el que se establezca un número de escaños reservados para garantizar la presencia y representación política de los pueblos andinos y amazónicos en el parlamento, tanto en la cámara de Senadores como en la de Diputados.

En cuanto al ejercicio del derecho a votar mediante este distrito electoral único se permite a las personas indígenas que han migrado a las ciudades por diversos motivos que puedan elegir un representante político con el que se sienten identificados ejerciendo el voto universal y la autoidentificación al momento del sufragio.

Las candidaturas para estos escaños deben ser territoriales ya que esa es la garantía de que conozcan su realidad y puedan reivindicar sus derechos colectivos. Estas candidaturas deberán ser electas de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas y comunidades campesinas para poder estar en la papeleta de votación.

Si bien en los diferentes talleres que ha realizado la FES a lo largo del Perú hay un interés por participar de la vida política del país, también hay un hartazgo del Sistema Político que no responde a las expectativas de la ciudadanía, siendo el poder del Estado con más desaprobación. Las voces de los participantes en los talleres nos reclaman la necesidad de contar con representantes propios que puedan visibilizar los derechos colectivos de estos pueblos en la toma de decisiones y que sus representantes puedan ser elegidos de acuerdo con sus formas propias y sus costumbres, también hay una necesidad por saber más sobre la legislación que reconoce los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, sobre la aplicación del Convenio Nº 169 de la OIT y su implementación en otros países, a 200 años de la independencia, el ejercicio de derechos de las comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas y originarios sigue siendo una deuda, esperemos que esta situación cambie prontamente.

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